El sistema judicial colombiano enfrenta una encrucijada histórica. Con el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 llegando a su fase final, el Gobierno nacional, la Rama Judicial y las entidades del sector han iniciado la construcción de la hoja de ruta para los próximos años, en medio de desafíos estructurales que persisten y amenazan la credibilidad de la justicia en el país.
Los cinco grandes retos del sistema judicial
El Ministerio de Justicia y del Derecho ha identificado los desafíos estructurales que debe enfrentar la justicia colombiana: barreras de acceso, congestión judicial, impunidad, brechas y desigualdades territoriales, dificultades de articulación, déficits de confianza ciudadana y la necesidad de modernización institucional.
El Ministerio de Justicia reactivó la Comisión de Reforma a la Justicia con el objetivo de enfrentar estos retos de manera integral. La ministra de Justicia señaló que el proceso no parte de cero y que se buscarán tanto soluciones legislativas como medidas administrativas que puedan implementarse sin necesidad de reformas constitucionales.
La construcción del Plan Decenal 2028-2038
Colombia se encuentra en la fase final del Plan Decenal del Sistema de Justicia vigente (2017-2027) y avanza en su actualización como plataforma de transición hacia la justicia de la próxima década. En una cumbre interinstitucional celebrada en abril de 2026, participaron 12 entidades del sector justicia, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la JEP, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
El propósito de esta cumbre fue definir el objetivo general y los objetivos específicos que orientarán el sistema de justicia en los próximos años, mismos que se traducirán en acciones concretas a través del Plan de Acción y Seguimiento (PAS) 2026-2027, que servirá como puente hacia el Plan Decenal 2028-2038.
Las medidas inmediatas del Gobierno
El Ministerio de Justicia anunció medidas concretas que pueden implementarse sin trámite legislativo:
- Redistribución de procesos judiciales: Gracias a la virtualidad en audiencias, se propone trasladar procesos a ciudades intermedias con baja congestión, descongestionando los grandes centros urbanos.
- Descongestión laboral: Se estudia la posibilidad de que inspectores de trabajo asuman la resolución de ciertos conflictos laborales para evitar que lleguen a la justicia ordinaria.
- Fortalecimiento de MASC: Se busca que lo que llegue al juez sea solo lo que no se ha podido solucionar previamente mediante conciliación, mediación, arbitraje y amigable composición.
Una justicia centrada en el ciudadano
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura ha señalado que la meta es “una justicia que se mide por la experiencia del ciudadano y no por el volumen de trámites internos”. La vicepresidenta del CSJ, Claudia Expósito Vélez, advirtió que “de nada sirve crear más despachos o aumentar cargas laborales sin rediseñar todo el sistema porque se podría reproducir esa congestión”. La Rama Judicial ha priorizado la ampliación del acceso efectivo a la justicia en zonas rurales y la digitalización de los servicios.
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