Al anunciar la firma del Decreto 1368 de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella respaldó la decisión con cifras de la Fuerza Pública sobre la incautación de armas de fuego. Los números buscan demostrar que el verdadero problema de seguridad está en las armas ilegales, no en los ciudadanos que cumplen la ley.
Las cifras del anuncio presidencial
Según el mandatario, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 la Fuerza Pública incautó:
- 15.700 armas de fuego en total.
- 14.179 relacionadas con la comisión de delitos, aproximadamente el 90,3 % del total.
- 980 vinculadas a disidencias de las FARC.
- 551 al Clan del Golfo.
- 339 al ELN.
El poder de fuego de los grupos armados
El presidente detalló además el armamento asociado a las disidencias: 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros. “Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, señaló De la Espriella, para subrayar que la prioridad es desarmar a los grupos criminales y no al ciudadano que cumple la ley.
Qué concluye el gobierno de estas cifras
El argumento central es que la suspensión general del porte no impidió que las organizaciones criminales accedieran a armamento. “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”, afirmó el jefe de Estado.
Con esos datos, el gobierno sostiene que levantar la suspensión restablece un equilibrio: al ciudadano con permiso vigente se le devuelve la garantía de ejercerlo dentro de la ley, mientras el Estado concentra la persecución en las armas ilegales.
Cómo leer estas cifras con contexto
Las cifras de incautación no equivalen al total de armas en manos ilegales: son lo que las autoridades lograron decomisar en ese periodo. Analistas han señalado que el alto porcentaje de armas vinculadas a delitos refleja la magnitud del mercado ilegal, y que la discusión de fondo sigue siendo el control efectivo de ese mercado, más allá del porte individual.
Fuentes: Presidencia de la República, anuncio del 8 de septiembre de 2026; reportes de la Fuerza Pública.







